Se ha abierto el plazo para participar en el Programa del Imserso, y con ello, han vuelto las polémicas, pero, ¿sabemos en realidad, cuáles son las peculiaridades que tiene dicho programa de viajes?

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales desarrolla, según la Orden SCB/926/2018, de 10 de septiembre, por la que se regula el Programa de Turismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, su programa de turismo como un servicio complementario de las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social española, con el objetivo de proporcionar a las personas mayores estancias en zonas de costa y turismo de interior, llevándose a cabo de forma ininterrumpida desde 1985.

En dicho programa participan las personas residentes en España, que se encuentren dentro de la condición de pensionista de jubilación del sistema de seguridad social, pensionistas de viudedad mayores de 55 años entre otros, siendo su desarrollo por temporadas que abarcan, preferentemente, el periodo comprendido entre septiembre de un año y junio del año siguiente, ambos inclusive, fijándose en cada convocatoria anual el inicio y final de la misma.

Ahora bien, en la actualidad, existen ciertas posturas encontradas que, independientemente del partido que cada uno quiera tomar parte, podemos objetivamente a describir básicamente en cuanto a sus hitos principales:

El conflicto principal: Los pliegos.

Las diferentes organizaciones hoteleras y el Gobierno, llevan años queriendo llegar a un acuerdo respecto a la actualización de las condiciones de los pliegos, alcanzando una prórroga de dos anualidades a cambio de que la licitación de 2018 tuviera cambios sustanciales.

Sin embargo, según CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos) la licitación prevista para finales de 2018 tuvo un retraso y finalmente fue presentada en el pasado abril sin recoger casi ninguna de sus demandas.

El pasado 8 de mayo la Cehat presentó el recurso contra los pliegos al considerar que «lesionan de una forma importante los intereses de las empresas hoteleras y de los trabajadores que participan en el programa» dicen son inasumibles por los hoteleros.

Tras ello, El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, desestimó el recurso a los pliegos del Programa de Turismo Social del Imserso.

El Tribunal levantó la suspensión del procedimiento, que se había adoptado como medida cautelar y que fue notificada el pasado 30 de mayo. Dictaminó que «cabe concluir razonablemente que el presupuesto base de licitación y el valor estimado del contrato se han calculado atendiendo a precios de mercado».

En cuanto a la postura defendida por el sector hotelero en general (tanto hoteleros individuales como diferentes agrupaciones), éstos vienen denunciando que a la hora de elaborar los pliegos y establecer los precios no se tienen en cuenta los costes reales de los servicios ni los laborales, lo cual les ha llevado a solicitar al Gobierno una solución que, según comentan, éste no parece estar dispuesto a realizar.

El otro conflicto importante: Los gastos del Hotel 

Siempre según los hoteleros, el precio del programa que se establece en el concurso público para su gestión en los próximos dos o cuatro años (si se prorroga), es demasiado bajo en atención a la cobertura de todos los gastos en los que incurren los establecimientos. Y es que afirman que el coste, con IVA incluido, oscila entre los 22 euros y los 22,5 euros por persona cada día (IVA incluido), junto con una pensión completa y agua y vino en las comidas más otros servicios, todo lo cual hace prácticamente inoperativo el contrato público, económicamente hablando.

A dichos problemas, los hoteleros quieren ofrecer algunas soluciones para llegar a un consenso con el Gobierno.

Una de las primeras soluciones que plantean es que se dividan las campañas en sólo dos temporadas, una para quienes tengan menos poder adquisitivo, y otra para los que tengan más, practicándole a los primeros una subida de precio más reducida que a los segundos. Y a su vez, quieren concienciar al Gobierno, que para evitar las pérdidas que se generan con la práctica de este programa, es imprescindible situar el precio por persona y día en valores competitivos pero aceptables económicamente para los hoteles, de suerte que ello haría que las pérdidas fueran menores.

Por otro lado, quieren conseguir prorrogar de nuevo las condiciones de contratación mientras se definen unas nuevas. Con esto, se pretende llegar a acuerdos que beneficien a todas las partes, sin que ninguno de ellos, salga perjudicado.

En conclusión, nos encontramos con una situación complicada, en las que unos fijan los presupuestos teniendo en cuenta al consumidor, y otros, si bien, saben que con dicho programa no se genera beneficios, al menos no caigan en pérdidas.

¿Hablamos?